
Los cabecillas de la banda eran un hombre asentado en Níjar (Álmería) y una mujer que operaba desde Móstoles (Madrid). Poseían una fuerte estructura en Europa y Nigeria, y operaban en distintos puntos de España.
Estas mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros, captando a los clientes en las calles con precios que la red criminal establecía entre los 20 y los 30 euros por los servicios sexuales de las víctimas.
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